Educación gratuita y amor al conocimiento

por José Antonio Giménez

Muchos discuten hoy en Chile desde múltiples perspectivas sobre una posible reforma a la Educación. Hace tiempo ya. El lunes 1 de agosto presentó el gobierno a los representantes de profesores, secundarios y universitarios una nueva propuesta de reforma (¿la cuarta, la quinta?). Acabo de leer en el diario de hoy, miércoles 3 de agosto, que ya dos partes involucradas rechazaron la propuesta, los dirigentes de la PUC y de la USACH. Por esto creo que es posible vaticinar que tenemos todavía para rato.

La cuestión tiene tantas aristas, que habría que ser muy pretensioso – o muy lego – para querer darle una respuesta cabal. Quisiera hablar sólo de un punto que está en juego, tomando como punto de partida un extracto de la declaración de ayer martes 2 de agosto del dirigente de la USACH Camilo Ballesteros, intentando justificar su rechazo a la última propuesta del gobierno: ‘hoy día se plantea que es obligación de las familias y que el Estado va a aportar de forma complementaria, lo que es tremendamente errado. Si realmente va a ser un derecho la educación, debería ser algo asegurado por el Estado. El otro elemento que se plantea es que también se habla del esfuerzo. ¿Cómo somos capaces de medir el esfuerzo que realiza un joven para estudiar para decir que a partir de ese esfuerzo el Estado lo va a ayudar?’.

Para Ballesteros el que la educación sea un derecho significa que sea ‘algo asegurado’, por lo tanto, que sea gratuita. Por otra parte, para que tal ‘gratuidad’ sea efectiva, no debe ésta estar supeditada a los méritos o esfuerzos del estudiante. Esto significaría que la educación es un ‘premio’ y no un ‘derecho’.

Ahora, ¿por qué la educación universitaria debe ser gratuita y, siguiendo la consecuencia de Ballesteros, ‘absolutamente gratuita’, como el amor de la madre al hijo? Me temo que en la discusión actual se utiliza la palabra ‘gratuidad’ para cubrir realidades del todo distintas. Por eso creo necesario que nos aboquemos a distinguir los distintos alcances que hoy se le dan al término.

Primero, no se dice que la educación deba ser ‘gratuita’ porque no cueste dinero o trabajo, sino más bien porque, como bien valioso – precioso, costoso – debe ser entregado sin pedir nada a cambio. Pero naturalmente la educación está siendo ‘pagada’ por alguien. Por esto la exigencia de una ‘educación gratuita’ supone la aceptación previa de dos principios: que la sociedad ha aceptado que la educación es un ‘derecho’ y que dicho derecho debe considerarse como ‘urgente’.

Hace mucho tiempo que en Chile la sociedad ha aceptado que la educación es un ‘derecho’. Primero la educación básica, luego la educación media. ¿Por qué? Porque por medio de dicha educación se superaba el analfabetismo y los lastres de la pobreza, siendo posible de ese modo sustentar y desarrollar una buena vida en sociedad. Es una gran confusión pensar que ‘todos los derechos humanos’ tienen el mismo carácter de urgencia. John Rawls estableció una interesante distinción entre derechos condicionados e
incondicionados: mi derecho a la vida significa que los demás ‘deben incondicionadamente’ no atentar contra mi vida; el derecho a la educación, en cambio, está condicionado al hecho de que en cierta sociedad esté ya ‘dado’ cierto estado de cosas. Sólo entonces podemos pensar ‘en el próximo paso’. Por esto no todo derecho es igual de ‘gratuito’.

Asimismo tampoco todo tipo de educación es ‘igualmente’ gratuita. La educación básica es más gratuita que la media, la media más que la superior. Esto se debe no sólo a que la educación superior requiere como condición la existencia de las otras, sino también a que la primera consiste en un derecho que ejercerá una parte sustancialmente menor de ciudadanos.

La educación superior hoy consiste en la preparación para el acceso al mundo profesional por medio de la adquisición de un saber o habilidad específicos. ¿Por qué dicha adquisición se le presenta a la sociedad chilena actual como un derecho? Porque se cree, por una parte, que están dadas las condiciones previas y, por otra, que por el estado de la sociedad actual ‘dicha adquisición’ puede considerarse como ‘urgente’ para el sustento y desarrollo de una buena vida en sociedad.

Quiero remarcar que dicha ‘urgencia’ sólo puede ser entendida con respecto a un tiempo histórico y a un determinado estado de cosas. Quien no sabe escribir ni leer no está limitado en una sociedad de ‘tradiciones orales’: estaría sí limitado si fuera sordo. La posesión de un conocimiento o una habilidad específica que debo acreditar más allá del éxito que tenga o no en su ejercicio, es una realidad absolutamente propia de las sociedades modernas. ¿Es en sí un progreso? Yo lo dudo. ¿Pero es, a pesar de la valoración
de la sociedad actual, una condición para el buen vivir en sociedad? Creo que tendencialmente ha llegado a ser así.

Ahora bien, que la educación superior sea reconocida como una condición para el buen vivir en la sociedad actual, no significa
naturalmente que deba volverse automáticamente gratuita. Se reconoce el derecho a la educación superior, así como se reconoce también el derecho al acceso a la salud. La sociedad tendrá que decidir cómo satisface en la medida de lo posible estos ‘derechos condicionados’ (también la salud es un derecho condicionado, ¿o podría alguien exigir ‘el derecho a ser operado al páncreas’
en un país donde no exista ningún médico facultado para realizar dicha operación?) y a cuál le da prioridad en el gasto de los recursos siempre limitados.

Por esto, el ideal de la gratuidad no tiene porqué necesariamente llevarse a cabo por la ‘gratuidad de la matrícula’. El objetivo
de garantizar el acceso a todo el que quiera a la educación superior puede ser cubierto con medios subsidiarios – becas y créditos –. ¿Y si Chile tuviera todos los recursos posibles para cubrir automáticamente la demanda de educación superior gratis, sin pasar a llevar por otra parte los demás derechos incondicionados y condicionados?  Quizás la educación superior sería del todo gratuita, no por lo cual dejaría de ser un derecho condicionado, una llave de agua que podría un día cerrarse para darle mayor fuerza a otra (lo que se vive cuando se está en estado de catástrofe).

Ahora, ¿se piensa a la educación superior hoy como un ‘derecho condicionado’? Me parece que no y creo que la causa es la confusión entre ‘el derecho a ser educado’ y ‘la gratuidad del conocimiento’. Esto que yo entiendo como una confusión lo he encontrado en la opinión precisamente de quienes me merecen el mayor respecto. Uno rescataba el carácter crítico de la universidad, su papel de protección y difusión de las ideas, su carácter independiente del poder establecido. Otro distinguía entre la concepción del conocimiento de Sócrates – ‘alimento del alma’ – y la de los sofistas – ‘mera mercancía’ –. Yo soy un pesimista con respecto a este punto.

La universidad actual no es gratuita en sí misma (no importa para esto si se paga o no), porque es absolutamente esclava de la utilidad. Los conocimientos y las habilidades son entregadas en función de una profesión correspondiente y los progresos académicos se entienden como el ‘acortamiento’ de la distancia en pos de esa meta. No podríamos entender de otra forma la
tendencial desaparición de los ramos formativos en las carreras humanistas (piénsese en la triste extinción del ‘Derecho Romano’ en la Universidad de Chile) y su absoluta inexistencia en las científicas. Los grados académicos no tienen hoy ni siquiera un rol de posicionamiento social; sólo los títulos profesionales juegan el papel decisivo. ¿Qué significa entonces el poner el grito en el cielo
con ‘la educación no se vende’ sin tener en cuenta en absoluto el estado de cosas y la función que la universidad ejerce de facto hoy en la sociedad? ¿No es una confusión crasa identificar como la misma demanda la ‘gratuidad de la educación’ y la ‘gratuidad del
conocimiento’? Podemos tener educación gratuita sin rozar si siquiera la búsqueda de la verdad.

La ‘gratuidad de la educación’ tiene que ver con la capacidad de acceso para garantizar la acreditación laboral y profesional: este bien es condicionado. La ‘gratuidad del conocimiento’ no tiene porqué cualificar para el acceso al mundo laboral: de hecho, los que optan por el ‘camino del conocimiento’ – filósofos, teóricos, científicos –, nunca llegan a salir de la universidad. Sólo esa ‘gratuidad’, tal relación de ‘amor’ al conocimiento, debe ser protegida ‘sin condición’. Pero, ¿por qué? Porque está esencialmente desprotegida, no deja nada para sí, sino que se entrega entera. Y quién se entrega a la búsqueda del conocimiento, a la búsqueda de la verdad, se entrega en último término a la sociedad entera. ¿Dónde? Primero y sobre todo en la misma universidad.

Aquí sí hay realmente gratuidad: la sociedad entera debería proteger la universidad como lugar propio del ‘saber’ y de la ‘ciencia’,
incondicionalmente, incluso en tiempos de catástrofe y necesidad, porque sólo el sabio no se subordina a los fines políticos, sino que más bien es requerido siempre para esclarecer la contingencia. Pero la discusión actual, las demandas de los jóvenes, las propuestas de los políticos, siguen otro cauce, absolutamente indiferente a este tipo de gratuidad. Se sirven de esta fuente vecina – cuando se cita a la Mistral, a Gómez Millas, a Sócrates – para sólo regar un jardín propio. Fue el error también del siempre leído con gusto Cristián Warnken, cuando quiso hace unas semanas reconocer en la pretensión de los jóvenes el ‘amor al conocimiento’.

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6 comentarios

Archivado bajo Actualidad, Educación

6 Respuestas a “Educación gratuita y amor al conocimiento

  1. Toño, excelente artículo. Se agradecen tus luminosas distinciones, ya que por estos días nuestra sociedad es una especie de Torre de Babel: por más que tengamos claro, de modo genérico, cuáles son nuestros problemas, la primera dificultad con que nos topamos es semántica y mientras no salgamos de esta endemoniada equivocidad en la que estamos inmersos, seguiremos dando significados diversos y hasta opuestos a las mismas palabras (“educación”, “derechos fundamentales”, “lucro”; entre otros), lo que impide dar cualquier salida real al actual estado de cosas.
    Copio uno de los extractos que más me gustaron: “Sólo esa ‘gratuidad’, tal relación de ‘amor’ al conocimiento, debe ser protegida ‘sin condición’. Pero, ¿por qué? Porque está esencialmente desprotegida, no deja nada para sí, sino que se entrega entera. Y quién se entrega a la búsqueda del conocimiento, a la búsqueda de la verdad, se entrega en último término a la sociedad entera. ¿Dónde? Primero y sobre todo en la misma universidad”. Por lo que dices, ¿se podría decir que los que tratamos de estar en esto estamos más desprotegidos que nunca? Esto da para otra columna.
    Un abrazo

  2. Pato D.

    Muy buena columna Toño. Parto por el final: son muchos -entre ellos Warnken- los que ven a estas marchas como el reflejo de una justificada rebeldía contra el “mundo hipócrita” que se vendría gestando hace décadas en nuestro Chile: el mundo donde todo tiene precio, donde todo se compra y se vende, donde el pilar de la sociedad sería el lucro y no la solidaridad, etc. etc. Un discurso así tiene una ventaja y una desventaja: es tan verdadero como vago. Todos en Chile están de acuerdos en ciertos “hechos brutos”: Chile es una sociedad muy desigual, hay muy pocos que tienen acceso una buena educación, mientras que a la inmensa mayoría sólo le queda contentarse con una educación de mal nivel, que no le da las herramientas ni para desarrollar sus talentos ni para entrar a una universidad, etc.. Todo esto hace que las estructuras sociales se repitan, que no haya movilidad social, y que las desigualdades se perpetúen.

    Me llama la atención que al abordar este problema, los jefes de los estudiantes se llenen la boca de tantas propuestas globales, de palabras enormes como “paradigma”, “derecho a lo absolutamente gratuito”, “estructural” y que la educación, esto es, el proceso mediante el cual una persona se realiza intelectualmente en el tiempo, quede totalmente fuera de lugar. Me temo que quienes avanzan un poco más allá y enfatizan el tema de la ‘calidad’ por sobre el del financiamiento, no están pensando más allá de cifras y ránkings, como quedó demostrado en las políticas de becas del gobierno. ¿Entonces de qué estamos hablando? La palabra “rozar” es decidora. ¿La educación, es un elemento más dentro de la cadena de producción? Tanto comunistas como liberales parecen coincidir: “la educación es trampolín social; una educación es mala en la medida en que no sirva como trampolín social”. No hay un amor al conocimiento, un afán por hacer de Chile un país educado, lector, culto, sino reivindicación de derechos y crítica a una sociedad economicista, desde un punto de vista igualmente economicista.

    Manfred Svensson escribió una serie de preguntas interesantes sobre el tema:

    http://www.facebook.com/home.php#!/notes/manfred-svensson/dudas-sobre-la-educaci%C3%B3n/229846680392394

  3. Antonio Gimenez

    Lo de Manfred me pareció excelente.

    Tomaré la sugerencia de la Vero. ¿Serán precisamente los que se ‘dedican’ a la Universidad los más desprotegidos? Yo tiendo a pensar que efectivamente así es.

    Cuando se habla de ‘gratuidad de la educación’ se tiene como principio la superación de la injusticia – desigualdad – social; ahora, cuando se proclama el ‘derecho a la educación de calidad’ no se piensa en otra cosa que en el posicionamiento social, en la medida en que sin calidad el paso por la universidad tampoco acredita seriamente para el mundo laboral. La misma lógica. ¿Y qué tiene? Nada, es una reivindicación justa. Donde yo me rebelo es ante la ‘elevación en un altar’ del movimiento estudiantil como i) amantes del conocimiento, ii) enemigos de la utilidad y iii) defensores de una idea de educación que las generaciones anteriores habían dejado de lado. Ha ayudado a producir esta idea, entre otras cosas, la oposición a la frase de Piñera: ‘educación como bien de consumo’.

    Si la educación es un ‘trampolín social’, un medium para alcanzar la acreditación laboral, ¿por qué no va a ser un bien de consumo? ¡Es precisamente eso, para el movimiento estudiantil, la educación es un bien de consumo, una condición social y no un fin en sí mismo! ¿Cuando se rebelan contra la declaración de Piñera, qué tienen al frente? ¡Ah, el lucro!Entonces, resolvámoslo así: la educación no es un bien de consumo para el oferente, pero sí para el demandante.

    Naturalmente los que más pierden aquí son los que se dedican a la Universidad: si la Universidad consiste fundamentalmente en un medio de igualación social, ¿qué hacemos nosotros, los que estamos en las ‘artes liberales’, los que estamos más por amor al objeto de conocimiento que por los beneficios que nos reporta? Porque si estamos por los beneficios, somos unos idiotas, malos para las cuentas.

    La ‘Universidad como redentora de la pobreza’ es, sino un craso malentendido, al menos una ‘reducción’. ¡Qué bueno sería que todo el que quisiera pudiera entrar a la Universidad y alcanzar su sueño laboral y social! ¡Sigan haciendo presión por eso, yo los acompaño en el espíritu! Pero lo que vamos a tener en la Universidad, a lo que le vamos a dar prioridad, cómo se medirá la calidad, qué pasará con la autonomía: de eso, na que na.

    Desde un punto de vista netamente social, la facultad de filosofía, por ejemplo, desaparece. Primero, no genera ni utilidad económica ni utilidad social, no capacita para ninguna profesión. Segundo, no se autosustenta económicamente como carrera. ¿Hechos? La Universidad Adolfo Ibañez tenía filosofía; por carencia de utilidades la cerró. ¿Cuántas universidades privadas dan filosofía? Muy, pero muy pocas – entre éstas casi todas de sociedades de la Iglesia Católica -. ¿Y las públicas? Poco señores y triste nivel. ¿Pero si ellos no tienen el problema de la UAI, ellos pueden sustentar el ‘amor al conocimiento’? Pues no, no lo hacen, porque precisamente si ven la universidad primariamente como ‘posibilidad de movilidad social’, no podrán pagar libros de Platón sin sentirse culpables.

    Por esto, los filósofos – y todos nuestros hermanos teóricos – aunque seamos fundadores de la Universidad (clásica y moderna) como el lugar de la teoría, la ciencia y el diálogo intelectual, estamos fuera del actual ‘gran discurso sobre la educación’ y naturalmente desprotegidos. Nosotros somos los verdaderos ‘inútiles subversivos’.

  4. Amelia Price

    Toño,

    Me parecieron muy interesantes tus distinciones. Ojalá el debate actual las tomase en cuenta…

    Amelia

  5. AWS

    Toño, muy interesante tu columna. Con todo, en mi calidad de abogado que intenta renunciar a la codicia para abandonarse a la vanidosa pobreza de la actividad académica, quisiera hacer algunos comentarios que, por de-formación profesional, no puedo evitar.

    El artículo 1º inciso tercero de nuestra Constitución establece, como una base de la institucionalidad, que “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”.

    Con independencia de las críticas de fondo que pueden hacerse a esta suerte de definición de bien común (en especial el considerar el bien de la persona desde un punto de vista cuantitativo más que cualitativo), el hecho es que nuestra carta fundamental establece como un deber esencial del Estado contribuir al máximo desarrollo espiritual y material posible.

    Aplicando este principio a la educación (en concreto, a la participación del Estado en materia educativa), resulta que ésta presenta una doble funcionalidad, a saber: por una parte, un fin práctico (el desarrollo material de las personas, lo que podemos entender como mecanismo de movilidad o trampolín social; algo muy necesario en un país como Chile, con una distribución del ingreso subsahariana), y por otra, entendida como un bien espiritual. Esta doble cara de la educación se encuentra recogida en importantes instrumentos internacionales, tales como (por citar sólo uno) la Observación General Nº 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que se refiere a la educación en su párrafo 1 como un “derecho humano intrínseco y un medio indispensable de realizar otros derechos humanos. Como derecho del ámbito de la autonomía de la persona, la educación es el principal medio que permite a adultos y menores marginados económica y socialmente salir de la pobreza y participar plenamente en sus comunidades (…) Está cada vez más aceptada la idea de que la educación es una de las mejores inversiones financieras que los Estados pueden hacer, pero su importancia no es únicamente práctica pues disponer de una mente instruida, inteligente y activa, con libertad y amplitud de pensamiento, es uno de los placeres y recompensas de la existencia humana”.

    La importancia del instrumento internacional citado obedece a que éste enriquece el parco contenido del artículo 19 Nº 10 de nuestra carta fundamental, norma que establece que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la educación, la cual tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida. Como es por todos sabido, en Chile sólo la educación básica y media son obligatorias, debiendo el Estado financiar para este objeto un sistema gratuito, a fin de asegurar el acceso a ésta a toda la población. En cuanto a los demás niveles de educación (entiéndase educación superior, ya sea técnica o universitaria, ya que hay una norma que contempla específicamente la educación parvularia), el Estado sólo se encuentra obligado a fomentar su desarrollo. Sin embargo, si integramos el artículo 19 Nº 10 de la Constitución con instrumentos internacionales como el anteriormente citado, resulta que la función del Estado no se limita simplemente a un rol subsidiario (que muchas veces se reduce, por razones ideológicas que no podemos tratar ahora, o peor aún, por mero oportunismo, a la protección del Estado del derecho a la libertad de emprendimiento en materia educacional), como suele ser sostenido por todos quienes mejor o peor han aprendido de memoria y hecho suyas las lecciones del manual de economía “neoliberal” (se me permita el exabrupto) de Samuelson, sino que el Estado debe asumir un rol activo en el respeto, protección y cumplimiento de este derecho.

    En este sentido, la ya citada Observación General Nº 13 dispone, en su párrafo 47, lo siguiente: “La obligación de respetar exige que los Estados Partes eviten las medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho a la educación. La obligación de proteger impone a los Estados Partes adoptar medidas que eviten que el derecho a la educación sea obstaculizado por terceros. La de dar cumplimiento (facilitar) exige que los Estados adopten medidas positivas que permitan a individuos y comunidades disfrutar del derecho a la educación y les presten asistencia. Por último, los Estados Partes tienen la obligación de dar cumplimiento (facilitar el) al derecho a la educación. Como norma general, los Estados Partes están obligados a dar cumplimiento a (facilitar) un derecho concreto del Pacto cada vez que un individuo o grupo no puede, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí mismo con los recursos a su disposición. No obstante, el alcance de esta obligación está supeditado siempre al texto del Pacto”.

    Ahora bien, en lo que respecta específicamente a la educación superior, y en contra de lo que hasta cierto punto se escucha en el movimiento estudiantil, el acceso a este nivel de formación no tiene un carácter propiamente obligatorio, en cuanto no es un deber jurídico del Estado garantizar a todas las personas que hayan terminado la educación escolar el acceso a la universidad, un instituto profesional o centro de formación técnica. Naturalmente el acceso y permanencia en la educación superior depende de las aptitudes y capacidades “intelectuales” de cada cual. Así lo reconoce el artículo 13 párrafo 2º del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas: “La enseñanza superior debe hacerse igualmente accesible a todos, sobre la base de la capacidad de cada uno, por cuantos medios sean apropiados, y en particular por la implantación progresiva de la enseñanza gratuita”. Luego, de lo que en ningún caso debe depender el acceso a la educación superior es de las capacidades “económicas” de los estudiantes.

    El problema es, pues, extremadamente complejo, puesto que las normas anteriormente citadas, lejos de ser meramente programáticas, reconocen un derecho fundamental con un “contenido esencial que constituye una base de aplicación directa e inmediata, que impide su desconocimiento y desnaturalización” (Nogueira, Humberto, El derecho a la educación y sus regulaciones básicas en el derecho constitucional chileno e internacional de los derechos humanos, en: Ius et Praxis 14, Nº 2, 2008, p. 210).

    Si a todo lo dicho se agrega el hecho que la misma Constitución establece, como una base de la institucionalidad y garantía constitucional, la igualdad de oportunidades en sus artículos 1º y 19 Nº 2, el Estado tiene el deber jurídico de adoptar medidas positivas tendientes a que todos los chilenos (principio de universalidad) puedan acceder a una educación de manera equitativa, vale decir, que todos los estudiantes, con independencia de sus particulares condiciones socio-económicas, tengan las mismas oportunidades de recibir una educación de calidad.

    Entiendo que lo anterior puede estar algo lejos de la visión fundacional y clásica de la universidad, la del trivium y el quadrivium, el “Ayuntamiento de maestros et de escolares que es fecho en algún logar con voluntad et con entendimiento de aprender los saberes” (Alfonso X, Partida Segunda, Título 31, Ley 2), pero creo que en la situación actualmente imperante en Chile, de una vergonzosa desigualdad económica y social, con un sistema educativo que lo que hace es reproducir esa desigualdad, el anhelo que puede encontrarse subyacente a las reivindicaciones del movimiento estudiantil de una educación como mecanismo de movilidad social es perfectamente legítimo y es una tarea que debemos asumir como país en forma urgente (también desde la trinchera de las artes liberales), en la cual el Estado debe desempeñar un papel preponderante, aunque ciertamente no exclusivo. Después de todo, como dijo el filósofo, sólo cuando el hombre logra satisfacer sus necesidades de casa, alimento y vestido, puede cultivar un conocimiento desinteresado y comenzar a desarrollar las capacidades contemplativas y creadoras de su ser.

    Adolfo Wegmann Stockebrand
    Heidelberg

  6. Toño

    Quizás tarde para comentar, pero el tema sigue aún ahí.

    Es poco lo que puede oponérsele a Adolfo.

    Añado sólo que el reconocimiento aristotélico de la precedencia temporal de la preocupación por lo útil frente a la dedicación al saber, es un reconocimiento que tiene ante todo un acento histórico (en Egipto, los sacerdotes aprendieron la geometría), porque para Aristóteles la geometría ya era un factum que coexistía con la geomesura. Perder hoy la preocupación por las ciencias y, más grave, por la filosofía, no me parece sino un tipo de involución. ‘Casa, alimento y vestido’ son necesarios para filosofar. La ‘educación’ en cambio requiere que previamente que se haya filosofado. ¿Qué vas a enseñar entonces sino ‘conocimiento’? Y si es realmente conocimiento es porque es inútil, pues aplicado permanece invariablemente igual a sí mismo y no más amable.

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